Necesarias reformas para enfrentar la crisis del agua

Fuente: Roberto Olivares, Director General de ANEAS

  • Mitos y realidades sobre el proyecto de Ley General de Aguas

La Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México (ANEAS), desde hace treinta y cinco años aglutina a sistemas operadores de agua municipales y estatales de la República Mexicana, buscando promover su desarrollo técnico y humano con la facilidadde elevar la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento que se otorgan a la población nacional. Nuestros más de dos mil asociados otorgan diariamente agua a ochenta millones de habitantes que día a día reciben agua potable en sus hogares.

La ANEAS es una institución reconocida a nivel nacional, regional e internacional por su amplia participación y activismo en la conformación de la agenda global del agua; entre sus integrantes se encuentran directivos de organismos internacionales como el Consejo Mundial del Agua, la International WaterAssociation, la American Water Works Association y la Asociación Latinoamericana de Operadores de Agua y Saneamiento, por mencionar algunas.

Durante más de tres décadas, hemos representado y defendido los intereses de los sistemas de agua, incidiendo en los grandes temas relativos a la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento a través de nuestra participación activa en reuniones, congresos y otros foros de carácter nacional e internacional en donde se aborda el agua desde una perspectiva multidisciplinaria, como es el caso de nuestra Convención anual de corte mundial, en la que se dan cita más de siete mil personas vinculadas con el entorno hídrico.

Para los miembros de ANEAS, el tema legislativo no es ajeno, pues hemos colaborado y abonado en diversos momentos en la construcción del actual marco normativo del agua. En este sentido, desde hace varios años hemos expresado la necesidad de modificar y actualizar la legislación en la materia, particularmente en lo que se refiere a losservicios públicos, cuya provisión recae constitucionalmente en los Municipios, que en su mayoría carecen de capacidades para hacer frente a esta y otras encomiendas; situación que es un lastre para el despegue, desarrollo y mejora de la eficiencia de los organismos operadores. En los últimos días, se ha generado una sana discusión pública en torno al proyecto de Ley General de Aguas, que se someterá a votación en la H. Cámara de Diputados. Al respecto quisiéramos expresar algunos puntos importante:

ANEAS reconoce la necesidad de las reformas

Como institución, en la última década hemos venido impulsando una Ley de Agua Potable y Saneamiento; realizando en su oportunidad diversos foros de debate en todas las regiones hidrológicas de nuestro país, con la finalidad de recoger los puntos de vista de los involucrados en el tema. En su momento, esta iniciativa fue sometida al proceso legislativo en el Senado de la República; algunas de estas ideas son retomadas en el proyecto de Ley General de Aguas y otras, que nos parecen importantes, esperamos sean incluidas.

Es urgente tomar decisiones

Desde las Reformas a la vigente Ley de Aguas Nacionales en el año 2004, se ha venido construyendo un consenso respecto a que el actual régimen jurídico en materia de agua presenta serias deficiencia que nos impiden –como país– lograr una gestión integrada y sustentable del recurso hídrico. De ahí la necesidad de realizar los cambios en el marco legal, que nos posibiliten contar con el vital líquido, indispensable para el desarrollo social y económico.

Un debate amplio e incluyente

El proyecto de Ley General de Aguas, fue construido y madurado con la participación de diversos actores de la sociedad a lo largo de dos años, entre ellos la ANEAS. Nuestra asociación ha colaborado de manera proactiva y propositiva en este proceso, expresando nuestras diferencias, reconociendo las coincidencias y respetando las divergencias; nuestro posicionamiento ha sido crítico pero propositivo. No obstante, como cualquier instrumento normativo, consideramos que el proyecto es perfectible.

Imperativo opinar fundada y razonadamente

Nuestra Carta Magna señala que es facultad y responsabilidad de los poderes Ejecutivo y Legislativo, iniciar leyes que promuevan el bienestar social, velando en todo momento para que éstas respondan al interés general; en tanto, garantiza a los ciudadanos el derecho a expresarse y participar en los temas de interés público.

En el caso que nos ocupa, todos los actores debemos conducirnos responsablemente, allegarnos de información de primera mano, analizarla con la debida profundidad, a efecto de contar con elementos que nos permitan formar un juicio razonado, contribuyendo de esta manera al fortalecimiento de la vida pública. En otras palabras, criticar y opinar sin fundamento sólo contribuye a crear confusión y animadversión entre la sociedad.

Ni privatización, ni coacción

Creemos que a efecto de construir los consensos necesarios, los legisladores deben realizar un profundo análisis que considere todas las alternativas posibles, las someta al escrutinio público y brinde argumentos que sustenten sus puntos de vista; ello será la base para la consolidación de este importante proyecto de ley.

Por ejemplo, se ha socializado la idea de que el proyecto de Ley General de Aguas podría inhibir la libertad de investigación científica, al supeditar a la autorización de la CONAGUA cualquier acción que requiera trabajo de campo. Como asociación, consideramos que la intención de coartar la libertad de los ciudadanos debe ser rechazada en cualquier ámbito de la vida pública; así lo han entendido los diputados, quienes han modificado en el proyecto de ley, cualquier idea que pudiera interpretarse como un atentado a la libertad de investigación.

Respecto a la supuesta “privatización” del agua, nuestra agua en nuestra nación. Así mismo, entendemos que el consecuente Reglamento de la Ley General de Aguas, deberá brindar precisión y claridad para evitar interpretaciones que vayan en detrimento de la seguridad jurídica de los usuarios de las aguas nacionales.

Primero la aprobación de la Ley General de Aguasy luego su Reglamento

Como entidades responsables de brindar día con día los servicios de agua potable y saneamiento a millones de mexicanos, los Organismos Operadores de agua consideramos que este proyecto de ley –con las adecuaciones pertinentes– es la base con la que se construirá el nuevo régimen jurídico de la gestión del como realizar las modificaciones pertinentes para concretar este proceso; centremos el debate en los contenidos, en las propuestas, el agua es un asunto de seguridad nacional que no merece ser desvirtuado en un botín político electoral. Las acciones implican responsabilidad compartida, propiciemos el cambio que apremia en el sector hídrico.

Derecho Humano al Agua con sostenibilidad

En lo que respecta al Derecho Humano al Agua, es preciso señalar que el proyecto de ley contempla distintos mecanismos para fortalecer a los organismos operadores responsables de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento; con la finalidad de garantizar el derecho que todos los mexicanos tenemos al acceso al agua en la cantidad y calidad suficientes, considerando sus condiciones socioeconómicas. En la tarea para lograr la cobertura universal, es necesaria la participación comprometida de todos los actores sociales y no solamente de los gobiernos.

El complejo entorno social demanda de todos nosotros corresponsabilidad para fortalecer nuestras instituciones, anteponiendo el bienestar social por encima de cualquier otro interés.

Celebramos el debate público, la expresión de las distintas voces, pero sobre todo, le damos la bienvenida a las manifestaciones democráticas que caracterizan este momento en la gestión del agua en nuestro país y que darán como resultado un marco legal que siente las bases para el cambio necesario que por décadas hemos demandado, el cual deberá responder a nuestra realidad y legítimas aspiraciones.

Las reformas deben avanzar, es potestad y responsabilidad del legislativo propiciar el diálogo claro y abierto con los diversos actores, así como realizar las modificaciones pertinentes para concretar este proceso; centremos el debate en los contenidos, en las propuestas, el agua es un asunto de seguridad nacional que no merece ser desvirtuado en un botín político electoral. Las acciones implican responsabilidad compartida, propiciemos el cambio que apremia en el sector hídrico.

Constitución es clara al señalar que ésta es un bien de la nación, por lo tanto inalienable. En todo caso, la discusión debería centrarse en la participación privada destina- da a la construcción, operación y prestación de servicios relacionados con el agua.

Es importante señalar que actualmente la Ley de Aguas Nacionales y las leyes estatales en la materia, permiten que empresas privadas construyan, operen infraestructura y presten diversos servicios relacionados con el agua; tal como sucede, por ejemplo, en los estados y municipios de Aguascalientes, Saltillo, Quintana Roo y Puebla; lo cual no implica que se hayan enajenado los recursos hídricos.

No sobreexplotemos el tema del agua ni lo contaminemos; planteemos soluciones para garantizar su disponibilidad.